Estimados amigos y amigas de las diversas agrupaciones ciudadanas territoriales de Santiago:
Como se habrán informado, acaba se ser ingresado al Senado un proyecto de ley desde el ejecutivo, para la modificación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, actual marco legal por el cual se rigen la ciudades del país.
Es importante tener claro que nunca en Chile se ha sometido al parlamento una legislación urbana en toda su historia democrática, pues esta ley se origina por un Decreto con Fuerza de Ley en el año 1931, (Ley Nº 345) al que 44 años después se le introdujo importantes cambios mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº 458 en el año 1975 en plena dictadura, dándole un brusco giro mercantilista al desarrollo urbano de las ciudades, consonante con el modelo neoliberal instaurado por Pinochet.
También es necesario agregar que si bien no se han efectuado cambios legislativos a esta ley desde esa fecha, sí se han ido afinando y agudizando sus rasgos mercantiles en forma sistemática y arbitraria, a través de adaptaciones a sus articulados por medio de sendas "Circulares" emanadas desde la DDU (División de Desarrollo Urbano del MINVU), consensuadas en "Mesas Multisectoriales", a las cuales el MINVU invita a aquellos que considera como principales gestores en materias urbanas, es decir la Cámara de la Construcción, empresarios de la construcción, la Asociación de Oficinas de Arquitectos como también a la Comisión de Desarrollo Inmobiliario del Colegio de Arquitectos de Chile*, confeccionando así un traje a la mediada para la industria inmobiliaria, asegurando el éxito de sus negocios privados, a costa de nuestras cada vez más cercenadas ciudades.
Es por ello, que más allá del interés institucional de "modernizar" la legislación urbana, haciéndola administrativamente más eficaz y efectiva, pongo profundamente en tela de juicio las buenas intenciones que este gobierno de continuidad, quiera introducir a una ley que ha moldeado a su antojo durante los 18 años que ha estado en el poder.
La administración de los gobiernos de la Concertación no han sido más que meros administradores del voraz modelo neoliberal que hoy tiene el país, expresándose con violencia en el ámbito de las ciudades, siendo éste el verdadero responsable de la profunda crisis urbana que sufrimos hoy más del 78% de los chilenos que habitamos las ciudades del país.
Es así que, queridos compañeros de ruta en las reivindicaciones urbanas, considero que esta es una oportunidad histórica para los que nos preocupamos por forjar espacios de democracia local y de participación ciudadana en defensa de nuestra calidad de vida.
Este es el momento propicio para aglutinarnos en torno a la importante coyuntura que se abre ante nosotros, levantando nuestras banderas ciudadanas en pro de una legislación fundada en profundos principios éticos, democráticos y de equidad por una ciudad integrada socialmente, respetuosa de su historia, de su patrimonio y medioambientalmente sustentable.
De esta forma los llamo a generar una instancia de profunda discusión y análisis crítico que nos conduzca a producir nuestro propio petitorio urbano ante el Senado, de manera de potenciar, plasmar e enriquecer la diversidad de miradas provenientes desde nuestras prácticas y experiencias territoriales directas como ciudadanía organizada.
Ello debe dar lugar a una instancia de "Estados Generales" de discusión entre organizaciones ciudadanas territoriales, para integrar una serie de enmiendas de fondo a la ley.
A efecto de lanzar algunos tópicos, planteo desde ya los siguientes puntos:
1. Producir reformas de fondo en la administración de la gestión territorial, democratizando a través del voto popular, la ascensión a cargos de intendentes regionales, consejeros regionales, gobernadores provinciales, etc.
2. En vista de la reconocida crisis urbana que viven hoy las ciudades del país, exigir un proceso de reformulación integral profundamente participativo y democrático de su planificación territorial, a todas las escalas, es decir planes reguladores regionales, intercomunales y planes reguladores comunales, de tal forma de llegar a consensos de fondo sobre los ejes rectores que la comunidad desea para su región, ciudad, comuna y barrios.
3. Revisar a fondo los procedimientos de elaboración y sometimiento público de la planificación urbana, garantizando la participación de la comunidad desde el inicio de las propuestas, entregando plenas garantías de respeto a la voluntad ciudadana y al tiempo que estos procesos deban durar.
4. Asignar fondos especiales del Estado para la generación de instancias asociativas legitimadas por la sociedad civil, que representen la voz de la ciudadanía en las problemáticas urbanas.
5. Incorporar como herramienta corriente de arbitrio, cuando exista algún grado de conflicto de intereses entre la comunidad y el gobierno local, la realización de plebiscitos comunales, facilitando integralmente su realización, sin costo para los convocantes.
6. Asignar a los municipios un fondo estatal fijo para la dotación de equipos técnicos interdisciplinarios a cargo de la elaboración de su planificación urbana.
7. Será obligación para el municipio efectuar estudios previos con la comunidad, cuando se plantee la necesidad de modificar los instrumentos de planificación urbana local, a través de encuestas públicas y análisis en terreno exhaustivos, sobre la viabilidad de cualquier tipo de propuesta, ya sean seccionales u otros, previo a su sometimiento al concejo municipal. Propuesta que simultáneamente deberá ser sometida y consensuada con la comunidad, antes de transformarla en un proyecto oficial.
8. Cada vez que se enmiende o modifique el PRC, ya sea a través de seccionales o Zonas de Renovación Urbana, será obligatorio para los municipios la realización de Estudios de Impacto Ambiental, EIA. Derogándose la figura de la Declaratoria de Impacto Ambiental, DIA.
9. Crear una instancia de fiscalización de las DOM autónomo, como el defensor del pueblo.
ETC....
Entonces propongo que intercambiemos opiniones sobre lo que aquí planteo de tal forma de fijar un calendario para un programa de encuentros entre los representantes de las diferentes organizaciones, confluyendo en nuestro petitorio ciudadano respecto a la legislación urbana.
Luego a ello, deberíamos constituir una comisión que sea recibida en el Senado.
¿Una 1ra fecha?
Un abrazo afectuoso a todos ustedes y espero que este sea el inicio de algo grande para nuestras ciudades!
Verónica Adrián A.
ARQUITECTA
RED CIUDADANA POR ÑUÑOA
Tel: 458 60 13
email: vadrian@vtr.net